Que es EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD? Es el eje de la reforma
impuesta en nuestro ordenamiento en manos del Ministerio Público Fiscal para la
fijación de políticas criminales.
Así el principio de
oportunidad “…autoriza al Ministerio Público Fiscal a decidir entre la
iniciación de la investigación y la eventual formulación de la acusación, aún
cuando las investigaciones conduzcan, con probabilidad rayana en la certeza, al
resultado de que el imputado ha cometido una acción punible…”.
Cafferata Nores,
expresa que el principio de oportunidad es “…la atribución que tienen los
órganos encargados de la promoción de la persecución penal, fundada en razones
diversas de política criminal y procesal, de no iniciar la acción, o de
suspender provisionalmente la acción iniciada, o de limitarla en su extensión
objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia,
aún cuando concurran las condiciones ordinarias para perseguir y castigar”(CAFFERATA
NORES, José, “El principio de oportunidad”, Cuestiones actuales sobre el
proceso penal, Ed. Del Puerto, Bs. As., 1997, pág. 16).
Así, esto exigirá la fijación de criterios (políticas) al
respecto, es decir, que pueda fijar objetivos y tras ellos orientar procederes
idóneos para alcanzarlos, dentro del marco que las leyes autoricen.
El encargado de llevar a cabo este proceder será el Ministerio Público Fiscal quien ha de disponer
la priorización de tratamiento de los casos penales. La selección de hechos
puniblemente relevantes y en consecuencia, el descarte de otros que tornan
exagerado el accionar judicial, hacen preciso encontrar un modo valorativo
justo para prescindir del accionar referido. El principio de
disponibilidad-oportunidad emerge así como una herramienta fundamental para
establecer pautas claras para la selección de los hechos que hagan prescindir
de la acusación penal; porque la realidad indica que cuando no existe la
posibilidad material de investigar todo, será el Ministerio Público Fiscal
quien ha de ordenar como empezar a hacerlo primero por ciertos delitos, el
resultado práctico será que éstos recibirán atención por haber sido priorizados, y el resto serán tratados más
adelante, o sencillamente nunca, porque habrá menos o ninguna posibilidad
material para hacerlo, desde el punto de vista de los recursos.
Es interesante ver las experiencias Provinciales como la de
Mendoza donde su regulación dispone a través de la sanción de la Ley 6730 que
aprueba el Código Procesal Penal de la Provincia ha dejado sentado
criterios de oportunidad, como por ejemplo, la facultad que se le otorga al
Ministerio Público Fiscal de solicitar que se suspenda, total o parcialmente la
persecución penal o se limite con respecto a alguna o algunas infracciones o
personas con arreglo a determinados casos previstos por la Ley.
Asimismo establece en su artículo 27 que “…si el Tribunal
admite la solicitud para aplicar un criterio de oportunidad, se produce la
suspensión de la persecución penal con respecto al autor o partícipe en cuyo
beneficio se dispuso. Si la decisión se funda en la insignificancia, sus
efectos se extienden a todos los que reúna las mismas condiciones”.
Por otra parte, la Provincia de Neuquén en su anteproyecto de
Código Procesal Penal de la Provincia en su Artículo 6° establece que “La
acción penal pública se ejercerá exclusivamente por el Ministerio Fiscal, el
que deberá iniciarla de oficio …. Su ejercicio no podrá suspenderse,
interrumpirse ni hacerse cesar excepto en los casos expresamente previstos por
la ley”. Deja de esta manera abierta la posibilidad de apartarse de la
exhaustividad del principio de legalidad, a criterio del Procurador Fiscal y
solo en los casos previstos en la Ley.
Del mismo modo es sumamente interesante destacar como han
legislado los criterios de oportunidad las Legislaturas Provinciales
A título ilustrativo, puede
señalarse que:
-El criterio de insignificancia se encuentra receptado en
todas las provincias que admiten criterios de oportunidad, pero su regulación
concreta no resulta homogénea, su alcance es indeterminado y librado a la
interpretación de los operadores jurídicos. Si bien como regla se exige que el
hecho no afecte el interés público, en algunos lugares se coloca un coto
temporal de 6 años (Río Negro, Chaco, Santiago del Estero), en otros de 3 años
(Chubut), o bien se suman exigencias como no tener condena anterior (Chaco) o haber
reparado el daño causado a la víctima (Santa Fe). También algunas provincias “
Cámara del Crimen de Mendoza, en autos; “F. c/ Villarruel Vallejo Cristian…”
(Expte. P 58.988/07-557) excluyen los delitos cometidos por funcionarios
públicos abusando de su cargo (Mendoza, Chubut, Santa Fe) o igual supuesto pero
limitándolo a los delitos contra la Administración Pública (Entre Ríos).
-La delación sólo mejora la situación procesal de los
imputados en la Ciudad de Bs As (arrepentido) y en Mendoza (informante).
-El ámbito de aplicación del procedimiento de mediación varía
según la provincia. Así, mientras que en la de Bs. As. se aplica sólo a los
delitos de competencia correccional, en la ciudad homónima procede respecto de
cualquier delito en el que pueda arribarse a una mejor solución para las
partes. En Rio Negro se admite respecto a delitos de cualquier índole
conminados con una pena máxima de 15 años de prisión.
Cabe resaltar que en esta última provincia se utiliza como
pauta de exclusión del trámite la misma situación que garantiza su procedencia
en la de Entre Ríos (haberse beneficiado con un acuerdo mediatorio, relacionado
con idéntica índole de conflicto y contra el/los mismo/s damnificado/s).
-En cuanto a la pena natural, algunas provincias admiten su
procedencia solamente en relación a delitos culposos (Ciudad de Bs. As., Río
Negro, Chubut), mientras que otras no tienen limitaciones en cuanto al tipo de
delito (Pcia. de Bs. As., Santa Fe, Santiago del Estero).
-Respecto a la relevancia acordada a la voluntad de la
víctima, algunas provincias le otorgan el máximo reconocimiento, bastando que
ésta exprese desinterés en la persecución penal o bien que expresamente
solicite al Fiscal que se abstenga de ejercer la acción (Chubut en los casos de
lesiones leves, salvo que comprometa el interés de un menor de edad; Entre Ríos
de forma amplia). En otras, resulta necesaria la composición con la víctima
para la procedencia de algunos o todos los criterios (Santa Fe, Santiago del
Estero), mientras que el resto la contempla en el marco del procedimiento de
mediación (Pcia. y Ciudad de Bs. As., Río Negro, Chaco, Mendoza).
Por otro lado, mientras en algunos lugares la decisión que
aplica un criterio de oportunidad tiene valor provisorio, pues se archivan las
actuaciones (ciudad de Bs. As. y Entre Ríos), en otros se dicta el
sobreseimiento que cierra la causa definitivamente (aunque variando los
requisitos para su procedencia: por ej., luego de que transcurra un plazo
fijado arbitrariamente, como sucede en las Pcias. de Bs. As. y Santiago del Estero;
en Mendoza se espera a que prescriba la acción). Finalmente, en algunas Provincias
la acción pública se convierte en privada y pasado un cierto tiempo sin que la
víctima ejerza la querella, también esta acción se extingue (Santa Fe, Rio
Negro, Chubut, Santiago del Estero si el archivo es posterior al requerimiento
de citación a juicio).
