Según se desprende del decreto N°1277 publicado con fecha 27 de julio de 2012 en el Boletín
Oficial, firmado por la presidenta, Cristina Fernández; quedo plasmada la
estrategia anual del Estado en materia
de regulación hidrocarburifera ello, en
base a reconocer la Ley 26.741 el
carácter de recurso estratégico que les fue devuelto a los hidrocarburos en
dicha norma, que declaró en su artículo primero como de interés público Nacional “el logro del
autoabastecimiento de hidrocarburos,
así como la exploración, explotación, industrialización,
transporte y comer-cialización de hidrocarburos”.
Así el objeto del Decreto
1277 será el incremento de las inversiones en toda la cadena de producción,
integración de capital
público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas
a la exploración y explotación de recursos
convencionales y no convencionales, promoción de la industrialización de
hidrocarburos y protección de los intereses de los consumidores.
También genera
expectativa la reglamentación de la ley de hidrocarburos y la presencia de una
comisión de “planificación y
coordinación estratégica”presidida por el viceministro de economía,
Axel Kicillof. Las funciones serán las de intervenir en el mercado petrolero,
en el seguimiento y control de las inversiones petroleras y en la determinación
de
variables claves del negocio petrolero, entre ellos la
ganancia.
Los capítulos III, IV y V del decreto en cuestión establecen
las pautas que deberán seguir las empresas
que se desempeñan en el área de exploración y
explotación, refinación, comercialización y transporte, respectivamente. Antes del 30 de
septiembre de cada año las compañías tendrán
que presentar sus planes anuales de inversión, que serán evaluados por
la comisión en un plazo no mayor a sesenta días. El Gobierno, llegado el caso,
puede solicitar la presentación
de un nuevo plan que se ajuste a los
requerimientos de la estrategia nacional.
El decreto establece también que las empresas dedicadas a
la exploración deberán garantizar la conservación de las reservas. En tanto, las
firmas comercializadoras tendrán
que publicar precios de referencia de cada uno de los
componentes del costo y
de venta de
los combustibles, “los cuales
deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de ganancia
razonable”, señala expresamente la norma. La comisión tendrá la misión de auditar el
cumplimiento del plan nacional en forma trimestral y tendrá capacidad de sanción
a través de
multas, suspensión o eliminación del registro de inversiones y nulidad o
caducidad de concesiones.
Se trata de un
tema estratégico, no sólo para
el manejo soberano del petróleo, sino ante la crisis energética mundial en
curso y la disputa mundial por las fuentes de hidrocarburos.
No es menor al
respecto la reciente asociación
entre
la petrolera venezolana, PDVSA e YPF.
Los acuerdos suscriptos entre ambas empresas permitirán desarrollos conjuntos, claro que necesitados de la tecnología que se encuentra en manos de empresas transnacionales
dominadores del negocio petrolero mundial.-
Resulta imprescindible
pensar en investigación y desarrollo alternativos, están
dadas con la presente Ley y su reglamentaria, las condiciones para lograr ese tecnicismo
necesario internacional?
Para las Provincias el reciente decreto que entronizó a
Kicillof en el control al sector petrolero
amenaza con profundizar la maltrecha independencia federal. El Estado Nacional podrá quitar
concesiones, aunque eso sea “inconstitucional". El Gobierno fijará las
pautas de producción que espera de cada petrolera en cada cuenca.
"Aún mas avasalladas se ven las Provincias ante el hecho de pretender que las petroleras les paguen regalías al Gobierno Nacional. Eso es avasallar a las provincias por los decretos y leyes promovidos por Néstor Kirchner, las provincias tienen los derechos sobre la riqueza que está bajo sus suelos. Así, se pactaban regalías y las provincias van cobrando en función del crudo que se extrae.
"Aún mas avasalladas se ven las Provincias ante el hecho de pretender que las petroleras les paguen regalías al Gobierno Nacional. Eso es avasallar a las provincias por los decretos y leyes promovidos por Néstor Kirchner, las provincias tienen los derechos sobre la riqueza que está bajo sus suelos. Así, se pactaban regalías y las provincias van cobrando en función del crudo que se extrae.
La comisión de Kicillof
regulará los precios
de los hidrocarburos y sus derivados y definirá las ganancias de las
petroleras. "Asimismo, publicará precios
de referencia de cada uno de los componentes de los
costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos
y combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de
ganancia razonable", señala el decreto.
El hecho de que la Nación determine los precios “de
referencia” de costos, al igual que los
precios, intervenga en los planes de las empresas y determine la rentabilidad puede atentar
contra la llegada de los miles de millones de dólares que se necesitan para desarrollar los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta,
en Neuquén.
"El
exceso de intervencionismo ahuyenta inversores"; el extremo reglamen- tario
no toca una fase crítica que demandan los
inversores extranjeros que es la seguridad jurídica.
Otro de los puntos que interviene de lleno en las potestades de las provincias es el apartado de las sanciones. En caso de que una empresa no cumpla con esta nueva regulación, será sancionada con multas, suspensiones o incluso con la caducidad de las concesiones. Este último recurso estaba hasta ahora en manos de las provincias productoras, que no tienen representación en la comisión, integrada íntegramente por funcionarios nacionales.
Pese a que fueron la punta de lanza para la estatización del 51% de YPF, se quedaron afuera del nuevo esquema que regula el mercado petrolero.
Otro de los puntos que interviene de lleno en las potestades de las provincias es el apartado de las sanciones. En caso de que una empresa no cumpla con esta nueva regulación, será sancionada con multas, suspensiones o incluso con la caducidad de las concesiones. Este último recurso estaba hasta ahora en manos de las provincias productoras, que no tienen representación en la comisión, integrada íntegramente por funcionarios nacionales.
Pese a que fueron la punta de lanza para la estatización del 51% de YPF, se quedaron afuera del nuevo esquema que regula el mercado petrolero.
Si la norma se lleva
a la práctica a la luz de la letra del decreto
1277, implica una violación de la Constitución de 1994 e incluso de la llamada Ley Corta de los hidrocarburos,
una creación del oficialismo que descentralizó
la administración de los hidrocarburos
a favor de los estados provinciales y otorgó a las provincias la potestad sobre
el manejo de sus recursos naturales.
Se dará la batalla legal
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay mucho para ganar y mucho
para perder.
Continuará….
